La imperativa demanda de material sanitario durante la crisis sanitaria del COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad del sector industrial español y su marcada dependencia de los mercados internacionales para la obtención de productos aparentemente simples de fabricar, como las mascarillas sanitarias. El debate sobre la urgencia de revitalizar la industria en España resurge, especialmente en un contexto donde se perciben señales de desglobalización y la idea de que el Estado proteja sectores estratégicos gana terreno tras décadas de consenso neoliberal. La atención se dirige hacia la economía del País Vasco, la región autónoma con mayor peso del sector secundario en su PIB y salarios más elevados, que gracias a su robustez industrial logró resistir mejor la última crisis. Con España limitando el turismo, es probable que Euskadi sea nuevamente la región que mejor enfrente el impacto económico inminente.
En el ámbito político, Pedro Sánchez, en las elecciones de 2015, abogó por "una España industrial que exporte bienes y servicios, y no inteligencia y trabajadores". La presencia de fábricas vuelve a cobrar relevancia en la España posterior a la burbuja inmobiliaria. Aunque el PSOE haya defendido la reindustrialización en los últimos años, en los años 80 y principios de los 90, fue el mismo partido que lideró la desmantelamiento de gran parte del tejido productivo nacional y la venta de sectores rentables al capital internacional. Durante esos años, emblemáticas empresas españolas, como SEAT y Pegaso, fueron vendidas a multinacionales extranjeras. La crisis industrial se originó durante la Transición democrática, cuando la industria representaba el 30% del PIB en 1975, pero disminuyó al 16% en la actualidad.




El profesor jubilado de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid, David Rivas, sostiene que la debilidad de las empresas españolas se evidenció durante la Transición, con empresarios poco capacitados respaldados por el Estado. El clima político y la falta de habilidad para adaptarse a libertades sindicales y apertura internacional llevaron a la escalada inflacionaria en lugar de una modernización industrial. En la década de 1980, se habló de una "reconversión industrial" para lograr una industria más moderna y competitiva, pero la implementación se demoró hasta la victoria del PSOE en 1982, dado que la UCD carecía de la legitimidad necesaria. Los gobiernos de Felipe González, a pesar de sus planes de reconversión, fueron acusados de liquidar más sectores industriales que de modernizarlos. La industria textil, por ejemplo, sufrió ante la creciente competencia asiática.

El periodo de desempleo y agitación social en 1984 marcó el declive de sectores como la producción naval, incapaz de competir con la mano de obra barata asiática y la producción más avanzada en el norte de Europa. El PSOE anunció en 1985 que la reconversión industrial mostraría un "rostro más amable", pero el historiador Sergio Gálvez indica que la política del gobierno dividía a los sindicatos para colaborar con la reestructuración industrial. La entrada de fondos estructurales de la Comunidad Económica Europea mitigó el impacto del despido de trabajadores en industrias poco competitivas. Sin embargo, la desindustrialización afectó a España, que conserva algunas grandes industrias especializadas bajo control de multinacionales europeas. La posibilidad de una supervivencia industrial fue cuestionada, y se argumentó que la desindustrialización era un requisito no escrito para la entrada de España en la CEE.

La visión retrospectiva indica que en los años 80 existía una hostilidad cultural hacia la industria, considerada anticuada. Los dirigentes económicos no estaban atentos a la apuesta de futuro por la industria hecha por países asiáticos como China. Euskadi se destaca como una excepción, con políticas autonómicas a favor de la industria, empresarios locales adaptables y una sociedad cohesionada que contribuyó a preservar la industria vasca.